Día Libertad de Prensa. Colombia aún tiene altos índices de impunidad por casos de periodistas asesinados.

Por AFP

Colombia, México y Brasil se mantienen en la lista de doce países con elevado índice de impunidad para casos de periodistas asesinados, según un informe relevado el jueves en Nueva York en vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Irak, Somalia y Filipinas encabezan la lista difundida por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, según sus siglas en inglés), que tiene como mayor novedad la inclusión por primera vez de Nigeria.

El índice de impunidad anual del CPJ identifica a los países donde son asesinados periodistas y los gobiernos fracasan en su intento por resolver los crímenes. Abarca casos de 2003 hasta fines de 2012 y sólo los países con cinco o más casos sin resolver son incluidos.

El análisis del CPJ indica que la violencia contra la prensa se ha intensificado en Brasil, que ocupa la décima plaza, mientras que en Colombia (quinto) y México (séptimo) los asesinatos de periodistas han disminuido, aunque por razones diversas.

En el caso de Brasil, el CPJ señala una serie de asesinatos sin resolver en los últimos tres años, en particular de blogueros y periodistas de medios digitales de estados del interior del país. Por ello, tras haber salido del índice de impunidad en 2010, Brasil está de regreso ya que la actual situación "ha demostrado que los avances fueron ilusorios" y aún hay 9 asesinatos sin resolver.

"Las fuerzas de la policía y el Poder Judicial, especialmente en pequeñas ciudades, son muy vulnerables a las presiones de poderosos grupos locales", aseguró Veridiana Sedeh, de la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, citada en el informe del CPJ.

"Incluso existen casos en los que las propias autoridades cometen los crímenes y posteriormente obstaculizan las investigaciones", agregó. De su lado,Colombia "ha logrado sostenidos avances" en materia de seguridad, ya que ningún periodista ha sido asesinado por su labor desde 2010, aunque los progresos han sido más modestos en la resolución de crímenes de reporteros, con 8 casos impunes.

"Las mejoras en el clima de seguridad por lo general han superado los avances en el ámbito judicial", señaló Carlos Cortez, uno de los fundadores de la organización colombiana Fundación para la Libertad de Prensa, también citado en el informe.

En cambio, México ha fracasado "completamente" en el enjuiciamiento de los responsables de 15 asesinatos de reporteros en los últimos 10 años y tiene un índice de impunidad del 90% para los casos de crímenes de periodistas.

El CPJ afirma que los asesinatos de periodistas han disminuido ligeramente en los últimos tres años, pero que esto se debe en parte "a la autocensura que se ha afincado prácticamente en todos los rincones del país fuera de la capital".

Diez de los 12 países que figuran en el Índice de Impunidad han aparecido de manera anual en la lista desde que el CPJ comenzó a llevar estas estadísticas, en 2008. Nigeria, que figura por primera vez, y Brasil, que se ausentó un año, son las excepciones.

Los periodistas locales fueron las víctimas en la amplia mayoría de los casos no resueltos que figuran en el índice (254 sobre 265 asesinatos), con las coberturas de política y corrupción como las más riesgosas (50% de los crímenes).A pesar del alto número de muertes de periodistas, Siria no aparece en el índice. Las investigaciones del CPJ muestran que la gran mayoría de las víctimas murieron en incidentes de fuego cruzado relacionados con el combate.

El CPJ es una organización independiente basada en Nueva York y que se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo.

En febrero pasado, había divulgado un informe en el cual señalaba que Brasil y Ecuador se encontraban en la lista de diez países del mundo donde peligra la libertad de prensa.

Remángate! 4 de Abril Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal. Colombia

Por Regamangate.org y El Tiempo

Hace dos años en Colombia, el país con la tercera más alta tasa anual de víctimas de minas antipersonal, a la sociedad civil se le ocurrió una idea simple pero brillante: el 4 de abril, Día Internacional de Sensibilización Contra las Minas Antipersonal, mientras que se dedicaban a sus rutinas normales, lo hacían con una bota del pantalón remangada, como un acto simbólico para decir "No más minas antipersonal". Y lo hicieron masivamente: los niños y estudiantes se unieron, las empresas privadas se unieron enrollando sus logotipos, los militares, los famosos se unieron, incluso el Presidente terminó trabajando con su pantalón remangado!

En 2012, las Naciones Unidas, la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal (ICBL por sus siglas en inglés) y 74 países en todo el mundo "se remangaron". Líderes importantes, como el secretario general de la ONU Ban Ki-moon, el ministro de Estado británico Jeremy Browne, y las celebridades, como el futbolista Iker Casillas, Juanes y muchos otros ", prestaron sus piernas" para prohibir las minas .

Positivos de resultados del Tratado de Prohibición de Minas en 2012 incluyeron el anuncio de cinco países -Dinamarca, Guinea-Bissau, Jordania, la República del Congo y Uganda- de que concluyeron el desminado de sus territorios minados. Desde principios de 2012, tres países se han unido al tratado: Finlandia, Somalia, y más recientemente, en diciembre de 2012, Polonia. Todos los países de la Unión Europea y todos los países del África sub-sahariana están ahora a bordo.

Sin embargo, persisten importantes desafíos, incluyendo la presencia de minas en 59 países, el lento progreso en los objetivos de desminado y 36 países que aún permanecen fuera del Tratado.

En concreto, la Campaña hace un llamado urgentemente para:

•          El cese inmediato de la utilización de nuevas minas antipersonal, en cualquier lugar;

•          Los países que no se han adherido al Tratado de Prohibición de Minas lo hagan sin    demora;

•          El pleno cumplimiento por los estados parte del Tratado en relación con su obligación de destruir todas las existencias, desminar los campos afectados por las minas y asistencia a las víctimas;

•          Todos los países, proporcionar los recursos necesarios para lograr un mundo libre de minas antipersonal.

Remángate para la Prohibición de las Minas Antipersonal.

COLOMBIA Y LAS MINAS ANTIPERSONAL

Hace casi un mes una bebé, su joven madre y una menor de edad cayeron en una trampa mortal, que, según las autoridades, las Farc habían puesto en la vía que de Puerto Asís comunica con la vereda Cabañitas, en el sur de Putumayo.

La explosión de una mina tipo 'borradora', las últimas que están usando los grupos armados ilegales, le quitó la vida a la bebé de tres meses de nacida; le cercenó las piernas a la tía, una menor de 14 años, y le causó graves lesiones en oídos y ojos a la madre, de 18 años.

Las dos mujeres caminaban el 8 de marzo, como lo hacían casi todos los días, por una trocha rumbo a su casa, cuando fueron sorprendidas por la explosión. El Ejército en el departamento responsabilizó al frente 48 de las Farc de haber instalado el artefacto.

Este es uno de los casos en los que los niños, la mitad de las víctimas de las minas antipersonales este año, han sufrido esa tragedia. De las 33 víctimas civiles de las que la Presidencia tiene registro hasta marzo, 17 son menores de edad; y en los últimos 23 años ya suman 1.011.

El caso de la familia de Putumayo, que se repitió el pasado lunes cuando un hombre perdió una pierna al pisar otra mina, refleja cómo estas trampas están matando año tras año a más civiles. Solo el año pasado murieron 42 personas.

En las filas de las Fuerzas Militares estas armas no convencionales, prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario, dejaron en el 2012 33 muertos. Este año ya van 64 víctimas.

Y aunque en el último año hubo una reducción leve, en comparación con el 2011 -de 549 se desminuyó a 496 heridos y muertos- el tema sigue siendo preocupante.

"Al ritmo que las guerrillas siguen poniendo minas, el drama colombiano se prolonga y ya no sería posible cumplir el compromiso adquirido con la Convención de Ottawa, que exige que Colombia no tenga ni una sola mina para el 2020", dijo Daniel Daniel Ávila, director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonales. De hecho, el Gobierno calcula que este drama solo podrá tener fin en 50 o 80 años.

Día Mundial del Agua. El saneamiento y el ambiente sano: un derecho humano

Por Unicef

El saneamiento y el ambiente sano: un derecho humano

“El saneamiento es más importante que la independencia”

Gandhi

El agua potable y el ambiente sano son derechos humanos

La importancia del agua y del ambiente sano y su incidencia sobre la salud y el desarrollo de la población están plenamente reconocidos en la Constitución Política de Colombia, así como en los instrumentos internacionales ratificados por el país.

La Constitución Política de Colombia establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y afirma que la vida y la salud son derechos fundamentales de los niños y las niñas (1). El marco normativo legal colombiano aborda las temáticas del agua, el alcantarillado, la disposición de basuras y demás servicios públicos domiciliarios a través de un conjunto de leyes que buscan dar garantía a estos derechos.

El agua y el saneamiento gozan de especial protección en las normas del derecho internacional de los derechos humanos al igual que en el derecho internacional humanitario. En la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 se establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, lo cual hace referencia al derecho de los seres humanos al agua, al saneamiento y al ambiente sano. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada por Colombia dos años después, afirma que los niños y las niñas tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud e insta a los Estados Partes a suministrar agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente (2).

El Estado Colombiano ha asumido diversos compromisos ante la comunidad internacional en lo que respecta al agua y al ambiente sano. Entre estos, se destacan aquellos adquiridos en la Cumbre del Milenio (2000) (3). En esta Cumbre, Colombia se comprometió a alcanzar antes del año 2015 un conjunto de metas, entre las cuales se encuentra el reducir a la mitad la proporción de la población sin acceso sostenible a agua apta para el consumo humano y al saneamiento básico (4).

Las coberturas de agua potable y saneamiento básico en Colombia

Según el Censo de Población realizado por el DANE durante el 2005, la tasa de cobertura de acueducto en Colombia es 83.2%, lo cual refleja un avance con respecto a años anteriores. No obstante, prevalece un contraste significativo entre las áreas urbanas y rurales, para la cuales la cobertura de acueducto es de 94.3% y de 47.1% respectivamente. Así mismo, la falta de sistemas de eliminación de excretas constituye una grave amenaza para la salud de los niños, las niñas y la comunidad en general. Según datos de la misma fuente, la tasa de cobertura de alcantarillado en Colombia es de 73.1% y de nuevo se observa un notorio contraste urbano-rural de 17.8% a 89.7%.

La baja cobertura en agua y saneamiento en algunas regiones del país está estrechamente ligada a la morbilidad y mortalidad infantil. Cada año mueren en Colombia aproximadamente 13,600 niños y niñas menores de 5 años. Más de la mitad de estas muertes ocurren por causas prevenibles y muchas de ellas como consecuencia de la mala calidad del agua, las deficiencias en el sistema de alcantarillado, la inadecuada disposición de las basuras y el ambiente insalubre. Además de los niños que mueren por estas causas, muchos más sufren de diarrea crónica, desnutrición, así como enfermedades e infecciones que en muchos casos obstaculiza su asistencia y rendimiento escolar y compromete su desarrollo físico, emocional e intelectual. Para los adultos, las deficiencias en materia de agua y saneamiento se traducen en enfermedades potencialmente mortales, en una disminución de la productividad y de los ingresos, y en una baja calidad de vida. De esta manera, se puede afirmar que el agua, el saneamiento y el ambiente sano son indispensables para la garantía de otros derechos como la salud, la nutrición, la educación y el desarrollo.

La inversión más rentable: la salud y el bienestar de los niños, las niñas y las comunidades

El acceso de todos los colombianos a los servicios de agua potable, alcantarillado y demás servicios públicos domiciliarios es el punto de partida para avanzar hacia una sociedad con mejores condiciones de salud, mayor bienestar y más oportunidades para el desarrollo humano, económico y social.

Por eso, la inversión para garantizar el acceso de todos los hogares a los servicios públicos domiciliarios tiene una alta rentabilidad, ya que contribuye a disminuir los costos económicos, humanos y sociales que se derivan de las enfermedades, la desnutrición, la baja asistencia y rendimiento escolar, la baja productividad y el deterioro del medio ambiente.

(1) Artículos 44 y 79 de la Constitución Política de Colombia. También son de especial relevancia los artículos 367, 368, 369 y 370

(2) Artículo 24 de la Convención. Cabe resaltar que a partir de la ratificación de la Convención en 1991, el Estado colombiano adquirió la obligación de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la misma.

(3) La Cumbre del Milenio se celebró en Nueva York, EEUU en el año 2000 y reunió los Presidentes y Jefes de Estado de 189 Estados Miembros, incluyendo a Colombia. En esta Cumbre, los Estados Miembros firmaron la Declaración del Milenio, en la cual se comprometieron a alcanzar un conjunto de 8 metas principales y 18 sub-metas antes del 2015.

(4) Colombia también ha asumido compromisos relacionados con el agua y el saneamiento en otras cumbres internacionales, tales como la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (1994), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995), la Sesión Especial a favor de la Infancia (2002) y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (2002).

Controvertida muerte de una defensora de Derechos Humanos tras una oleada de Amenazas

Por Amnistía Internacional

Durante años, Angélica Bello, defensora de los derechos humanos colombiana, rara vez pasó un día sola —habría resultado, sencillamente, demasiado peligroso—. Un serie de amenazas contra Angélica a causa de su labor de ayuda a muchas sobrevivientes de violencia sexual —mujeres atrapadas en el largo conflicto armado de Colombia— significaban que resultaba demasiado peligroso para esta mujer de 45 años, madre de cuatro hijos, viajar sola.

En 2000, unos paramilitares secuestraron y mantuvieron retenidas como esclavas sexuales a dos de sus hijas, que sólo quedaron en libertad tras intervenir Angélica personalmente. En noviembre de 2009, la propia Angélica se convirtió en víctima de abusos sexuales, cometidos presuntamente por paramilitares en venganza por su labor en materia de derechos humanos.

La agresión se produjo tras haber recibido una serie de amenazas. Estas amenazas y agresiones la obligaron a desplazarse por el país varias veces.

A principios de 2010, la oleada de amenazas y ataques a Angélica era tan preocupante que solicitó medidas de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, institución regional de derechos humanos. En abril de 2011, las autoridades colombianas le facilitaron dos guardias de seguridad armados y un vehículo blindado.

Pero ninguna de estas medidas bastó para protegerla eficazmente. Porque Angélica murió el pasado sábado 16 de febrero a las 10:50 de la noche en su domicilio de la ciudad de Codazzi, en el departamento de Cesar, al norte de Colombia.

Según informaciones de algunos medios de comunicación locales, se disparó con el arma de uno de sus guardaespaldas. Las autoridades afirman que están investigando el incidente, después de que varias organizaciones de derechos humanos se cuestionasen si Angélica se habría suicidado. Sólo unos días antes de su muerte la habían amenazado y le habían ordenado que abandonase la zona en la que vivía.

A principios de enero, participó como portavoz de sobrevivientes de actos de violencia sexual relacionada con el conflicto en una reunión con el presidente Santos a fin de ejercer presión para que las voces de las mujeres se escuchasen en el debate sobre la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Esta ley está concebida para garantizar que algunos de los millones de hectáreas de tierras apropiadas indebidamente durante el conflicto son devueltos a sus legítimos propietarios y para ofrecer reparación a algunas de las víctimas.

Entre otras cosas, Angélica pidió al presidente que aplicase con urgencia medidas para prestar apoyo psicosocial a las víctimas, entre las que se incluyen las sobrevivientes de violencia sexual.

“Me advirtieron que no lo denunciara”

Angélica no era ajena al peligro, y las amenazas no eran algo nuevo para ella. Era muy conocida en Colombia. En 2006, fundó la Fundación Nacional Defensora de los Derechos Humanos de la Mujer (FUNDHEFEM). Trabajó para proteger a algunas de las miles de sobrevivientes de violencia sexual en el contexto del largo y sangriento conflicto armado de Colombia.

“Ser mujer y activista de los derechos humanos en Colombia es como ser kamikaze en Irak”, comentó a un equipo de Amnistía Internacional a finales de 2011.

Al recordar la agresión sexual de la que fue víctima en 2009 en venganza por su labor en defensa de otras mujeres, afirmó: “Estaba muy asustada. Cuando los hombres abusaron de mí, y me golpearon, lo primero que me advirtieron fue que no lo denunciara. Me dijeron que los debía mirar atentamente, mirarles la cara, porque podía volverlos a ver en cualquier momento.”

En 2010, un grupo de hombres siguió y agredió a una de sus hijas, que había ido a Bogotá, capital del país, a matricularse en la Universidad. Angélica tuvo el valor de denunciar ante las autoridades las amenazas y los abusos sexuales, pero se hizo muy poco para investigar el caso y poner a los responsables a disposición de la justicia.

Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han denunciado que, en el largo conflicto armado interno de Colombia, las defensoras de los derechos humanos y activistas sociales han sido víctimas de amenazas, violaciones y homicidios cometidos por las partes enfrentadas en un intento de acallarlas. “Valientes defensoras de los derechos humanos de todo Colombia trabajan para proteger los derechos de miles de mujeres a las que han tratado poco menos que como trofeos de guerra. Estas defensoras son agredidas, amenazadas y hasta asesinadas sin nadie que las proteja”, ha manifestado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.

Protección ineficaz

Como otros defensores y defensoras de los derechos humanos con planes de protección parecidos, Angélica afirmó que esta situación estaba afectando negativamente a su vida social y familiar, y que vivía con el temor constante de que alguien se infiltrase en su seguridad.

A pesar del plan de protección, las amenazas y el acoso continuaron. En los últimos años, recibió una serie de amenazas de muerte, entre las que se incluían al menos dos panfletos firmados por un grupo paramilitar. “Se comenta que, tras el tercer panfleto, comienzan a matar personas. A ver qué pasa”, dijo a Amnistía Internacional a finales de 2011.

“La muerte de Angélica es otro siniestro recordatorio de que a no ser que los abusos contra los derechos humanos se investiguen y se ponga a los responsables de cometerlos a disposición de la justicia, las autoridades colombianas seguirán transmitiendo el mensaje de que está permitido cometer estos abusos”, ha señalado Pollack.

Amnistía Internacional insta a las autoridades colombianas a llevar a cabo sin demora una investigación independiente sobre la muerte de Angélica Bello a fin de determinar todos los hechos sobre el incidente y garantizar que el colectivo de defensores de los derechos humanos de Colombia puede llevar a cabo su labor sin temor a sufrir represalias.

Las autoridades colombianas deben tomar medidas contundentes a fin de garantizar que se brinda una protección eficaz que tenga en cuenta las necesidades específicas de su género—como apoyo psicosocial por parte de personal con la formación adecuada— a las defensoras de los derechos humanos que han recibido amenazas.