Conferencia: ¿Criminales silenciosos o narcotraficantes brutales?

Hablando Joven invita a la Conferencia: ¿Criminales silenciosos o narcotraficantes brutales?, que se realizará este martes 2 de Febrero a las 11am En la U Javeriana. Esperamos que nos acompañen a esta conferencia, presentada por Angékica Durán Martínez.

El fin del narcotráfico no implica la desaparición del conflicto | Corporación Nuevo Arco Iris

http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/?q=node/1026

Aumenta asesinatos de lideres de Desplazados.

La ONG Colombiana CODHES (Consultoria para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), publicó en un reciente informe el aumento de asesinatos a líderes de la población desplazada en el territorio colombiano.Sin duda es preocupante la situación de seguridad para los desplazados, que buscar hacer respetar sus derechos y que reclaman sus tierras usurpadas por los violentos. Hablando Joven hace un llamado a las autoridades en la prestación de seguridad integral para esta población.l aumento de asesinatos a líderes de la población desplazada en el territorio colombiano.

 

Informe Codhes
 http://www.codhes.org/images/stories/pdf/cld%20asesinados%20nov%202010.pdf  E

Cuatro Militares son acusados por 'falso positivo' con desmovilizado en Casanare.

A los militares se les acusa de haber secuestrado a un desmovilizado,  y su cuerpo  fue presentado inicialmente como un N.N.


La Fiscalía General de la Nacion acusó a cuatro militares, entre  loa cuales esta un suboficial, por su presunta responsabilidad en el secuestro de un desmovilizado en Paz de Ariporo, Casanare, que derivó en su ejecución extrajudicial, cometida bajo la denominada modalidad de los ‘falsos positivos’.
Los hechos materia de investigación se produjeron el 4 de enero de 2007 en la vereda El Morichal, donde fue raptado el ex paramilitar Óscar Eduardo Pérez Anave.


Aparentemente, el desmovilizado arribó al lugar en un campero, tratando de cumplir una cita pactada con uniformados del Grupo de Caballería Montada No.16, Guías del Casanare, en el sitio conocido como Los Totumos.


Integrantes de la misma unidad castrense presentaron el cadáver como el de un N.N. que cayó en combates librados entre uniformados del Ejército y miembros de grupos armados ilegales.
Los integrantes de las Fuerzas Militares reportaron que el hombre muerto portaba un revólver, informó la Fiscalía.


El ente investigador formuló cargos en contra de los cuatro integrantes del Ejército como presuntos responsables de secuestro agravado.


La decisión cobija a Franklin Antonio Tabares Montes, cabo primero; y los soldados profesionales Abraham Sánchez Ortega, Amilkar Betancur Guibay y John Kennedy Rabelo Meche, quienes ya fueron acusados por el homicidio de Pérez Anave.

"El gobierno del Presidente Santos tiene que tomar acciones sobre los DD.HH.": Human Rights Watch.

La situación de los derechos humanos en Colombia sigue siendo grave. Esa es la gran conclusión del informe que divulga hoy en el Club Nacional de Prensa en Washington la ONG estadounidense Human Rights Watch. El organismo constata un cambio positivo en el discurso del gobierno de Juan Manuel Santos con respecto al de Álvaro Uribe, pero su director para las Américas, José Miguel Vivanco, deja claro que ese discurso debe transformarse en una política efectiva. Debe pasar el dicho al hecho. 

“Estamos a la espera de resultados del gobierno del presidente Santos. Sin resultados no habrá cambios”. El jueves pasado le envió una carta al vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, quien hoy inicia una visita de una semana a Washington. La misiva califica de favorable el hecho de que Santos se haya declarado dispuesto a mejorar la situación de los derechos humanos en el país, pero deja claro que se requieren acciones y no sólo palabras. 

La opinión de Human Rights Watch, prestigiosa ONG estadounidense, es importante para Colombia. ¿Por qué? Porque el desempeño nacional en cuanto a la protección de los derechos humanos es tomado en consideración en todo momento por el Congreso norteamericano –y especialmente por la bancada del partido demócrata que controla las mayorías en el Senado–, que aún no ha sometido a votaciones el Tratado de Libre Comercio firmado por Estados Unidos y Colombia el 22 de noviembre del 2006. 

El informe de Human Rights Watch pone por delante que tanto las FARC como el ELN cometen “graves abusos contra la población civil” y agrega que el primero de esos grupos guerrilleros “se ve involucrado frecuentemente en asesintos, amenazas, desplazamiento forzado y reclutamiento de niños para el conflicto”. Después señala que el número de desplazados en el país desde 1997 se acerca a los cuatro millones, según la ONG colombiana CODHES. 

Human Rights Watch critica los resultados de la Ley de Justicia y Paz. “La implementación de esa ley, que reduce drásticamente las penas para los paramilitares desmovilizados que confiesen haber cometrido atrocidades, ha sido lenta y dispar”, dice. Y añade: “En noviembre de 2010, más de cinco años después de la sanción de la ley, sólo hubo dos condenas y los fiscales han recuperado una fracción ínfima de los millones de acres de tierras que fueron tomadas por los paramilitares”. 

El estudio advierte asimismo que el problema de los ‘falsos positivos’ aún persiste y subraya que “Colombia continúa siendo el país con mayor número de asesinatos de sindicalistas en todo el mundo”. Si bien ese número, puntualiza, se redujo a 39 en 2007, hubo 52 en 2008, 47 en 2009, y entre enero y el 15 de septiembre de 2010, hubo 36, según la Escuela Nacional Sindical. El lío es que sólo el 25% de los 2.800 casos denunciados desde 1986 son investigados por la Fiscalía General de la Nación.

"Daños por la ola invernal aumenta el riesgo de fraude electoral en Colombia": MOE.

Las intensas lluvias e inundaciones que en los últimos meses han azotado Colombia aumentaron el riesgo de fraude en las elecciones locales previstas para octubre próximo, por la vulnerabilidad en la que quedaron los más de dos millones de damnificados a causa del desplazamiento y la pérdida de bienes.


Así lo puso de manifiesto en una entrevista con Efe la directora de la ONG Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, quien advirtió de que la compra de votos podría incrementarse aprovechando las necesidades de la población afectada por la ola invernal.


"Cuando tienes un problema económico gravísimo, cuando has perdido tu tierra, tu trabajo, tu casa está inundada, frente a cualquier oferta, la más mínima, la más miserable, lo que responde a un derecho que tienes por ser ciudadano colombiano puede ser fácilmente 'transado' por un beneficio político", aseveró Barrios, cuya ONG analiza los procesos electorales en el país.
El 30 de octubre de este año se llevarán a cabo comicios regionales en Colombia, en los que se elegirán asambleas departamentales, gobernadores, concejos, alcaldes y juntas administradoras locales.
A juicio de Barrios, existe el peligro de que las autoridades locales utilicen "con fines políticos" los recursos públicos que el Gobierno central les ha otorgado para atender a los damnificados.


Otro riesgo es, según Barrios, la aparición de "cárteles de contratistas", es decir, acuerdos mediante los cuales políticos locales adjudican obras de reconstrucción a empresarios a cambio de su apoyo económico en las próximas elecciones.


La directora de la MOE resaltó que, en el marco de emergencia que vive Colombia, la urgencia "entendible" que tiene el Gobierno en reconstruir infraestructuras debilita el control en los procesos de licitaciones locales.
Por eso, invitó a la sociedad civil y al periodismo de investigación colombiano a generar un mecanismo de denuncia "muy fuerte" ante posibles irregularidades.


Del mismo modo, solicitó al Gobierno que haga públicos, a través de Internet, los nombres de las personas que componen las juntas directivas de aquellas empresas contratadas para realizar actividades relacionadas con la ayuda a los afectados por el invierno.


Esa medida, apuntó Barrios, serviría para activar un artículo de la Ley Estatutaria que impide financiar campañas políticas a aquellas empresas que obtengan más de la mitad de sus ingresos a través de contratos con el Estado.


Las fuertes lluvias e inundaciones en Colombia han dejado en los últimos meses más de 300 muertos, 2,23 millones de damnificados y más de 60 desaparecidos, además de 1,32 millones de hectáreas cultivables dañadas y decenas de carreteras y puentes en desuso, entre otras infraestructuras públicas.


Colombia Humanitaria, el mecanismo gubernamental creado para recaudar las donaciones, ha recibido hasta la fecha sólo de particulares 34.000 millones de pesos (unos 18 millones de dólares).


Si a ello se une la ayuda en especie y los fondos recibidos por empresarios, el monto total se eleva a unos 100.000 millones de pesos (unos 55 millones de dólares), según informó esta semana la primera dama y quien se ha puesto al frente de Colombia Humanitaria, María Clemencia Rodríguez. 

Una imagen impacta más, que mil palabras.

La ONU alerta el aumento del conflicto en Córdoba.

El representante de la ONU para Colombia, Cristian Salazar, dijo que las  bandas emergentes del paramilitarismo están cometiendo decenas de masacres, principalmente en Córdoba.

La ONU alertó este lunes sobre el recrudecimiento del conflicto en el país, principalmente en el departamento de Córdoba.

Cristian Salazar, representante de ONU para Colombia, dijo que "mucha de la violencia que se está viendo en contra de los defensores de derechos humanos sí tiene que ver con los grupos que surgieron después del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc)".

"Hemos visto desde asesinatos selectivos hasta la explotación de niños y mujeres", aseguró Salazar.

La ONU aseguró que es necesario que el Gobierno "tome en serio" la protección.

Defensor de Pueblo denuncia amenazas de muerte contra 15 jóvenes

El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, denunció que presuntos integrantes de grupos armados al margen de la ley amenazaron de muerte a 15 jóvenes que habitan en tres barrios de Barranquilla.

Según las denuncias de Pérez, el grupo "Los Paisas", dedicados al narcotráfico, al sicariato y al secuestro, entre otras actividades ilegales, declaró "objetivos militares" a los jóvenes que viven en los barrios La Chinita, La Luz y El Ferry.

"Ante el panorama que se presenta", dice un comunicado de la oficina de prensa del Defensor del Pueblo, en el departamento del Atlántico, "exhorta a la Fuerza Pública y a los organismos de seguridad del Estado a implementar medidas eficaces de seguridad para evitar que los atentados se consuman".

Recuerda que la Defensoría Regional Atlántico ha realizado reuniones, una de ellas el pasado 6 de enero, en donde se evaluaron esas amenazas de muerte.

Igualmente, señala que en los barrios han circulado panfletos en los que se consignan los alias de los jóvenes amenazados de muerte por parte de "Los Paisas".

Explica que los intimidados han "expresado restricciones a la movilidad diaria, el cierre temprano de las puertas de sus casas, la suspensión de los juegos callejeros" por temor a las represalias de los integrantes de las estructuras armadas ilegales que se disputan el territorio para mantener el control del negocio del narcotráfico.

Un informe de la Secretaría del Interior del Atlántico, señala que los homicidios perpetrados en los barrios de La Chinita, La Luz y El Ferry durante el año 2010 fueron 37, dentro de los 568 casos de muertes violentas que se presentaron en el área metropolitana de Barranquilla.

Igualmente, el Defensor del Pueblo se mostró preocupado porque según esa Secretaría en 2010 se registraron en el Área Metropolitana de Barranquilla 568 homicidios.

"Las cifras también demuestran que el sicariato representó el 50 por ciento de las modalidades de homicidio en el departamento del Atlántico, lo que obliga a adoptar acciones efectivas en materia de prevención y protección de las comunidades por parte de las autoridades competentes", indicó Pérez.

 

Nota: elespectador.com

Hablando Joven condena el asesinato del Personero de Aguadas, Caldas

Asael Ricardo Loaiza, personero de Aguadas, Caldas, fue asesinado en las últimas horas en esa población del Eje Cafetero.


El dirigente sufrió un atentado en momentos en los que se disponía a ingresar a su vivienda, informaron las autoridades.
Las mortales heridas que sufrió, tras los múltiples disparos que recibió Loaiza, le causaron la muerte en momentos en los que era trasladado de urgencias a un centro asistencial de Manizales.


Entre tanto, las autoridades empezaron a efectuar operativos en el norte del departamento, con el fin de dar con la captura de los homicidas.


Inicialmente, anunciaron el ofrecimiento de 10 millones de pesos a cambio de información que permita aprehender a los responsables.

Hablando Joven rechaza y repudia atentado de las Farc en Caquetá.

Cinco guerrilleros de las Farc, tres militares y una civil menor de edad murieron este viernes en San Vicente del Caguán, al producirse un enfrentamiento luego de que los guerrilleros intentaran tomarse una estación de Policía.


Con estos hechos las Farc demuestran su intención de seguir violando los Derechos Humanos y que las liberaciones  de los secuestrados anunciada para este mes son borrados con hechos atroces como este atentado en donde murieron civiles.

Nota Noticias Caracol