Campesinos en éxodo en Bajo Cauca, por Fumigaciones con Glifosato.

La protesta en el Bajo Cauca antioqueño sigue en aumento. Los campesinos en éxodo de los municipios de Tarazá, Valdivia e Ituango rechazan que miembros de la fuerza pública asistan a las reuniones internas de la comunidad, así como a los diálogos de ésta con las autoridades civiles del Estado, e indican que debido a esta posición han sido tachados de guerrilleros.

Mientras el gobierno departamental niega fumigaciones  en la zona,  los campesinos reafirman que estas han dañado cultivos de sustitución promovidos por el propio Estado, y que no se oponen a la eliminación de cultivos ilícitos.

Se declaran en desplazamiento forzado y exigen que se cumplan las normas legales de atención humanitaria, así como las disposiciones de la Corte Constitucional sobre población desplazada.

El gobierno departamental niega fumigaciones en la región.

Lea más sobre la posición de los campesinos en un comunicado recibido el 22 de febrero Comunicado Comunidad Campesina

Paramilitar revela apoyo de autodefensas a campaña presidencial de 2002

Noticias Uno reveló em su emisión del Domingo una entrevista realizada a Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, quien fue líder de un grupo paramilitar conocido como Bloque Cacique Pipintá. Sierra asegura que acompañó a alias Ernesto Báez en sus contactos con políticos de las campañas de 2002 a 2006 por casi todo el país y que las Autodefensas apoyaron la campaña presidencial en el año 2002.

Ashton saluda liberación de dos rehenes de las FARC pero critica su "contradicción" por otros secuestros

  "La liberación unilateral de un número de personas secuestradas por las FARC, durante varios años, constituye un buen paso hacia el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, el secuestro el 10 de febrero de dos trabajadores en el departamento del Cauca, es una clara contradicción con el espíritu humanitario que, según las FARC, está detrás de estas liberaciones" Catherine Ashton, Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE (Unión Europea).

El fin de la Pesadilla. Solórzano y Sanmiguel en Libertad

Hoy disfrutan de la libertad y la compañía de sus familias El Mayor de la Policía Guillermo Solórzano y el cabo del Ejécito Salín Antonio Sanmiguel Valderrama. Los dos uniformados abordaron  la base militar de Catam, en Bogotá; sobre las 6:00pm de este miércoles.
 

"Nos complace que los familiares puedan estar con sus seres queridos a quienes esperaban desde hacía mucho tiempo. Estamos muy satisfechos de que al final se hayan cumplido los compromisos asumidos por las partes, tanto por el Gobierno colombiano como por las FARC", dijo el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Christophe Beney.

El mayor Guillermo Solórzano había sido secuestrado en junio de 2007 en zona rural del municipio de Miranda, Cauca. En el momento de su secuestro era capitán y comandante de Policía de Florida, Valle. Su plagio ocurrió al mismo tiempo que el de un comerciante de nombre Humberto Loaiza y su hijo. Y aunque al principio se pensó que los guerrilleros iban por el empresario y no por él, al poco tiempo del secuestro Solórzano fue incluido en la lista de los llamados 'canjeables' de las FARC.

De él se tuvieron pruebas de supervivencia en abril de 2010, en donde afirmó que los "valientes hombres que estuvieron al servicio de la patria" y que ahora están secuestrados "tienen dos vidas, una que sufre y otra que resiste". Guillermo está casado y tiene una hija.

El cabo Sanmiguel  había sido secuestrado el 23 de mayo del 2008 en zona rural del municipio de Cajamarca, Tolima. Su secuestro se confirmó 17 días después de desaparecido, cuando su mamá, Olga Mercerdes Valderrama, y su esposa, Angélica López, recibieron la llamada de un guerrillero que lo confirmó.

En el 2010 se conoció una prueba de supervivencia, un video en el que instó a apoyar a la entonces senadora Piedad Córdoba.

Hablando Joven envía un mensaje de bienvenida a la  libertad  a Solórzano y Sanmiguel. Y se solidariza con los demás secuestrados  (aún en manos de las Farc)  y sus familias.  Uniéndonos al llamado de libertad para todos los secuestrados sin condiciones

'Paras' versión 2.0

Desde 1998, los paramilitares tuvieron varios medios de comunicación. VerdadAbierta.com recorrió la web y encontró cómo fue la estrategia mediática de los 'paras' a los ojos del país.

Articulo verdadabierta.com

"Valientes hombres que estuvieron al servicio de la patria" y que ahora están secuestrados "tienen dos vidas, una que sufre y otra que resiste".

Hablando Joven celebra la liberación del patrullero Carlos Alberto Ocampo

Hablando Joven celebra la liberación del patrullero Carlos Alberto Ocampo. Y espera con alegría y esperanza la liberación del mayor Solórzano y del cabo Sanmiguel.

Suspenden liberación del mayor Solórzano y del cabo Sanmiguel

video

Articulo Semana.com

"Hay que poner fin a esta guerra absurda": Armando Acuña

Un Mensaje de Alegría y Esperanza

Hablando Joven también envía un mensaje de alegría y esperanza para estos hermanos ( Armando Acuña y Henry López), que hoy disfrutan su libertad. Bienvenidos a la Vida!

Armando Acuña y Henry López en Libertad

Armando Acuña, del Partido Conservador, fue secuestrado en mayo del 2009 en medio de un asalto a la sede del Concejo cuando la personera, María Alexandra Beltrán Hernández, rendía su informe de gestión. En el hecho, además del plagio de Acuña, murieron dos vigilantes de seguridad y un militar que integraba las tropas que salieron en la persecución de los agresores.

Los guerrilleros, que fingieron ser militares, entraron a la sede del Concejo municipal y se llevaron a Acuña. Y aunque en un principio las autoridades aseguraron que los autores del hecho eran las FARC, sólo se confirmó a través de un comunicado divulgado por la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL).
Fue secuestrado en mayo del 2010 cuando prestaba sus servicios en el puente fluvial de Tres Esquinas en zona cercana a los ríos Orteguaza y Caquetá.


El infante de Marina, Henry López Martínez, fue secuestrado el 23 de mayo del 2010, cuando las FARC emboscaron una patrulla de la Armada Nacional en zona rural de San Vicente del Caguán. En ese momento él prestaba sus servicios en el puente fluvial de Tres Esquinas en zona cercana a los ríos Orteguaza y Caquetá.

En la acción murieron nueve infantes de marina, y cinco más resultaron heridos. Dos meses después del plagio, en junio, en un comunicado las FARC reconocieron el secuestro del infante de Marina, de 25 años y oriundo de Lorica, Córdoba.

El 7 de junio del 2010 las FARC confirmaron el secuestro del infante, según lo informó la página en internet de Anncol, un "helicóptero impactado, 10 infantes de marina muertos, cinco heridos y un prisionero hecho en combate, de nombre Henry López Martínez, oriundo de Lorica, Córdoba". Además, la agencia de noticias agregó que el infante de marina ingresaba a la "bolsa" de los llamados canjeables.

Hoy estos dos compatriotas se encuentran el libertad, reunidos con sus familias, tras años de horror y sufrimiento al que fueron sometidos por parte de las Farc. Henry López y Armando Acuña, han manifestado tras su liberación, el seguir trabajando por la liberación de los demás secuestrados.

Hablando Joven se une a este llamado para seguir trabajando por la Paz y la Reconciliación Nacional para que esta guerra llegue a su fin. Y apoya el liderazgo de estos hombres para seguir trabajando por los demás secuestrados en manos de las Farc y su liberación.

Hablando Joven también envía un mensaje de alegría y esperanza para estos hermanos que hoy disfrutan su libertad. Bienvenidos a la Vida!

Informe Mundial de Derechos Humanos, Human Rights Watch. Cápitulo Colombia: Derechos Humanos 2011

Colombia

Durante 2010, el conflicto armado interno de Colombia siguió estando asociado a graves abusos por parte de grupos armados irregulares, como las guerrillas y los grupos sucesores de los paramilitares. La violencia ha provocado el desplazamiento interno de millones de colombianos, a un promedio de varios cientos de miles cada año. Es común que actores armados amenacen o ataquen a defensores de derechos humanos; periodistas; líderes comunitarios; sindicalistas; líderes indígenas, afrocolombianos y de personas desplazadas; así como víctimas de paramilitares que reclaman justicia o la restitución de tierras.

En agosto de 2010, el Presidente Juan Manuel Santos reemplazó al ex Presidente Álvaro Uribe, cuyo gobierno se vio empañado por una sucesión de escándalos vinculados con ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército, un proceso de desmovilización paramilitar que fue ampliamente cuestionado y la vigilancia ilegal de defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de oposición y magistrados de la Corte Suprema por parte del servicio de inteligencia nacional. El Presidente Santos ha impulsado un proyecto de ley para restituir las tierras a las personas desplazadas y resarcir a las víctimas de abusos cometidos por agentes del estado, manifestó en forma pública que respetaba la independencia del poder judicial y denunció amenazas contra defensores de derechos humanos. No obstante, aún no puede determinarse si esta postura se traducirá en resultados concretos a la luz de los graves abusos que continúan cometiéndose.

 

Abusos de las guerrillas

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguen cometiendo graves abusos contra civiles. Las FARC, en particular, se ven involucradas frecuentemente en asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y reclutamiento de niños para el combate.
Las FARC y el ELN utilizan habitualmente minas antipersonales. Según informes del gobierno, 76 civiles sufrieron heridas entre enero y agosto de 2010 como resultado de minas antipersonales y municiones sin detonar.
En septiembre de 2010, el Ejército colombiano mató a Víctor Julio Suárez, alias el "Mono Jojoy", el máximo comandante militar de las FARC  responsable de numerosos abusos graves cometidos durante las varias décadas de su liderazgo.

 

Los paramilitares y sus sucesores

Desde 2003, más de 30.000 personas han participado en un proceso de desmovilización paramilitar, aunque existen pruebas contundentes de que muchas de estas personas desmovilizadas no eran paramilitares, y de que algunos paramilitares nunca se sumaron a la desmovilización.

Los grupos sucesores de los paramilitares, a menudo bajo el mando de jefes de rango medio de organizaciones paramilitares desmovilizadas, ejercen el control territorial de algunas regiones y cometen atrocidades contra civiles en forma generalizada. La Policía Nacional de Colombia informó que en julio de 2010 los grupos tenían 3.749 miembros. Sin embargo, la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz calcula que los grupos cuentan con 6.000 combatientes armados y han ampliado sus operaciones a 29 de los 32 departamentos del país. La tolerancia de estos grupos sucesores por parte de miembros de las fuerzas de seguridad pública es uno de los factores decisivos que han permitido su crecimiento.

Al igual que los paramilitares en el pasado, estos grupos participan en narcotráfico, reclutan activamente a nuevos miembros y cometen abusos generalizados, como masacres, asesinatos, violaciones sexuales y desplazamientos forzados. Los grupos sucesores han atacado en reiteradas oportunidades a defensores de derechos humanos, sindicalistas y grupos de víctimas que reclaman justicia y la restitución de tierras. En Medellín, la tasa de homicidios se incrementó abruptamente desde 2008, aparentemente como consecuencia de estos grupos.

Los grupos sucesores han tenido una fuerte incidencia en los desplazamientos forzados. A menudo, los organismos del Estado se niegan a registrar como desplazadas a las personas que afirman haber sido obligadas por los grupos sucesores de los paramilitares a abandonar el lugar donde viven, y esto ha contribuido a las discrepancias entre los datos proporcionados por el gobierno y las ONG sobre la población desplazada internamente en Colombia. Mientras que el organismo público Acción Social registró 154.040 nuevos desplazados en 2009, CODHES, una prestigiosa ONG colombiana, afirma que ese año el número de desplazados fue 286.389. Acción Social ha registrado 3,3 millones de personas desplazadas entre 1997 y julio de 2010, a diferencia de las 3,9 millones de personas informadas por CODHES para el período entre 1997 y 2009.

En los últimos años, la Corte Suprema de Justicia de Colombia logró avances notables en la investigación de los miembros del Congreso colombiano acusados de colaborar con paramilitares. En el denominado escándalo de la "parapolítica", se investigó a más de 150 miembros del Congreso -la mayoría pertenecientes a la coalición del Presidente Uribe-, y al menos 20 han sido condenados. En varias oportunidades, el gobierno de Uribe tomó medidas que podrían haber frustrado completamente las investigaciones, como proferir ataques públicos y a título personal contra miembros de la Corte Suprema. El Presidente Santos ha expresado públicamente su compromiso con el respeto de la independencia de la Corte.
La Corte Suprema investiga actualmente a más de 20 miembros del Congreso en medio de sospechas de que existiría un alto grado de infiltración paramilitar. Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación sobre militares de alto rango y empresarios que habrían colaborado con los paramilitares han avanzado lentamente.

La implementación de la Ley de Justicia y Paz, que reduce drásticamente las penas para los paramilitares desmovilizados que confiesen haber cometido atrocidades, también ha sido lenta y dispar. En noviembre de 2010, más de cinco años después de la sanción de la ley, sólo hubo dos condenas y los fiscales han recuperado una fracción ínfima de los millones de acres de tierras que fueron tomadas por los paramilitares. El gobierno de Santos ha impulsado un proyecto de ley para restituir millones de acres de tierras a la población desplazada de Colombia, a través de un procedimiento paralelo al de la Ley de Justicia y Paz.
Las confesiones de los líderes paramilitares en el proceso de Justicia y Paz sufrieron un retroceso cuando el Presidente Uribe extraditó a la mayoría de los líderes paramilitares a Estados Unidos entre mayo de 2008 y agosto de 2009 para que fueran juzgados por delitos de narcotráfico. La colaboración paramilitar se redujo notablemente luego de esta medida, y varios comandantes se negaron a continuar declarando por temor que sus familiares en Colombia sufran represalias.

 

Abusos e impunidad de militares

En los últimos años, se han atribuido al Ejército colombiano una cantidad alarmante de ejecuciones extrajudiciales de civiles, incluida la ejecución de "falsos positivos", término con el cual se alude a los casos en que, ante la presión por demostrar resultados, los miembros del Ejército asesinan civiles y luego informan que se trata de combatientes muertos en enfrentamientos. Las ejecuciones se habrían producido en todo el país e involucran a diversas brigadas del Ejército.

Pese a que la cantidad de falsos positivos se redujo significativamente desde 2009, el problema aún persiste. Si bien el gobierno no lleva un registro de datos estadísticos sobre estos casos, en mayo de 2010 la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 1.366 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado, que dejaron un saldo de más de 2.300 víctimas. Sólo se han dictado sentencias en 63 casos.
La resistencia por parte del sistema de justicia militar a remitir los casos a los tribunales ordinarios impidió que se juzgaran casos de ejecución extrajudicial. Los tribunales militares remitieron 266 casos durante 2009, pero tan sólo 7 entre enero y septiembre de 2010.

 

Violencia contra sindicalistas

Colombia continúa siendo el país con el mayor número de asesinatos de sindicalistas en todo el mundo, y según datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS), la principal ONG colombiana dedicada al monitoreo de los derechos laborales, han sido más de 2.800 los asesinatos denunciados desde 1986. Gran parte de estos asesinatos se atribuyen a paramilitares y a sus grupos sucesores.

Si bien la cantidad de homicidios se redujo a 39 en 2007, las estadísticas continúan siendo alarmantes: según la ENS, se produjeron 52 asesinatos en 2008, 47 en 2009, y 36 entre enero y el 15 de septiembre de 2010. Las amenazas contra sindicalistas -en su mayoría, atribuidas a grupos sucesores de los paramilitares- han aumentado desde 2007.

En estos casos, la impunidad ha sido la regla: sólo el 25 por ciento de los más de 2.800 asesinatos de sindicalistas documentados por la ENS están siendo investigados por la unidad de la Fiscalía General de la Nación encargada de la investigación penal de estos delitos. Si bien la fiscalía ha iniciado investigaciones de más de 1.300 casos de violencia anti-sindical (incluidos varios cientos que no aparecen en la lista de la ENS), sólo ha obtenido condenas en el 14 por ciento de estos casos. Existe además la preocupación de que las investigaciones se efectúen de manera fragmentada y no tengan en cuenta si el móvil del crimen estuvo relacionado con las actividades sindicales de las víctimas.

 

Defensores de derechos humanos

Los defensores de derechos humanos suelen ser víctimas de ataques y amenazas. Según la ONG Somos Defensores, 7 defensores fueron asesinados y 51 recibieron amenazas durante la primera mitad de 2010. Una coalición de ONG colombianas e internacionales denunció que entre julio y el 15 de octubre de 2010 fueron asesinados 30 defensores de derechos humanos y líderes sociales. Más de 40 líderes de grupos de víctimas que exigían la recuperación de tierras han sido asesinados desde que comenzó el proceso de Justicia y Paz en 2005. En 2010, se informó el asesinato de varios líderes de comunidades afrocolombianas e indígenas. La impunidad de estos crímenes contribuye a que se sigan produciendo.

El Presidente Santos ha repudiado públicamente las amenazas contra defensores de derechos humanos, y esto supone una mejora respecto de su estigmatización durante el gobierno del Presidente Uribe.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que monitorea la situación de los derechos humanos en Colombia, emite periódicamente "informes de riesgo" en los cuales advierte sobre amenazas contra comunidades y personas. Otras autoridades colombianas en ocasiones han ignorado estos informes y no han tomado las medidas necesarias para prevenir los abusos.

Vigilancia ilegal

En febrero de 2009, Semana, la principal revista de noticias colombiana, informó que el servicio de inteligencia nacional (DAS), que depende directamente de la presidencia, durante años ha implementado prácticas como la intervención ilegal y generalizada de teléfonos y mensajes de correo electrónico, así como seguimiento de sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de oposición y magistrados de la Corte Suprema. Los documentos del DAS señalan que entre las presuntas actividades criminales se incluyen amenazas de muerte y campañas de difamación que tienen por objeto vincular a las personas que sufren esta persecución con las guerrillas. La Fiscalía General de la Nación ha comenzado una investigación de decenas de ex funcionarios y miembros actuales del DAS, entre ellos, su actual director y varios de sus predecesores.

Según versiones de ex funcionarios del DAS, esta vigilancia ilegal habría sido ordenada por funcionarios de alto rango del gobierno de Uribe. En octubre de 2010, la Procuraduría General de la Nación impuso sanciones disciplinarias contra el secretario general del Presidente Uribe y otros tres ex directores del DAS por su participación en la vigilancia.

Actores internacionales clave

Estados Unidos sigue siendo el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. En 2010, aportó cerca de US$ 673 millones -principalmente en ayuda militar y policial-, si bien el porcentaje destinado a asistencia social y económica es cada vez mayor. Pese a que el 30 por ciento de la ayuda militar proveniente de Estados Unidos está condicionada al cumplimiento de requisitos en materia de derechos humanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha exigido sistemáticamente su cumplimiento. Por segunda vez durante la presidencia de Barack Obama, en septiembre de 2010 el Departamento de Estado certificó que Colombia cumplía con los requisitos de derechos humanos. No obstante, la certificación otorgada por el Departamento de Estado en 2010 incluyó un memorando exhaustivo que menciona los graves problemas de derechos humanos que existen en Colombia.

El Congreso estadounidense ha postergado la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia hasta que existan "pruebas concretas de resultados sostenidos" en relación con la impunidad de la violencia contra sindicalistas y el rol de los grupos paramilitares.

El Reino Unido habría reducido su asistencia militar a Colombia durante 2009, aparentemente en respuesta a los escándalos sobre vigilancia ilegal y ejecuciones extrajudiciales. La Unión Europea proporciona asistencia social y económica a Colombia y ha brindado ayuda a los programas de desmovilización paramilitar del gobierno.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, responsable de verificar las desmovilizaciones paramilitares, emitió informes en 2009 y 2010 en los cuales expresó su preocupación por las actividades de los grupos sucesores de los paramilitares.

La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional continúa monitoreando las investigaciones locales de los crímenes que constituyen violaciones de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encuentra activa en Colombia y ha asumido el monitoreo de la estructura de control interno del Ejército. En octubre de 2010, el Congreso colombiano aprobó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta Convención entrará en vigor una vez que sea firmada por el Presidente Santos y aprobada por la Corte Constitucional.

"El secuestro es como una cicatriz, pero seguiré trabajando por el Guaviare" Marcos Baquero.

De vuelta a la Vida.

Hablando Joven le da un mensaje de esperanza y alegría por su regreso a la libertad, al ex concejal de San José del Guaviare Marcos Baquero.  Y pide la liberación de los demás secuestrados,  por parte de las FARC; de forma unilateral y sin condociones.

Camino a la Libertad, A esta hora avanza la operación para traer a la libertad al Concejal Marcos Baquero.

Sobre el medio día de este miércoles se espera la llegada del Concejal de San José del Guaviare, la aeronave llegará a Villavicencio en donde se reencontrará con su familia. Voceros de la Cruz Roja Internacional aseguran que la operación avanza sin contratiempos.

Esta primera liberación, la del Concejal Baquero, se producirá tras un cautiverio de un  año y siete meses. El concejal fue secuestrado  el 28 de junio del 2009 por las FARC, día en el que un grupo de guerrilleros  sorpresivamente atacó con explosivos y disparos de fusil a una caravana que transportaba a una  comitiva política que se desplazaba por una carretera cercana a San José del Guaviare, en la cual se  movilizaba Marcos Baquero. En ese entonces, Baquero ocupaba la presidencia de ese Concejo.

Tanto la exsenadora Piedad Córdoba como el delegado de la Cruz Roja Internacional, Cristophe Beney, señalaron que el proceso de liberación avanza tal y como estaba previsto.

  

Ex senadora colombiana irá a Brasil a ultimar liberación de rehenes de Farc

Por: AFP

La ex senadora colombiana Piedad Córdoba viaja el lunes a Brasil a revisar los helicópteros que recogerán a cinco rehenes que la guerrilla de las Farc prometió liberar esta semana en Colombia, afirmando estar "segura" de que este año serán liberados todos los secuestrados.

"Estoy segura de que antes de mitad de año ya habremos entregado a todo el mundo y va a comenzar todo un proceso que tiene que ser la posibilidad de la negociación de paz en este país", dijo Córdoba, mediadora en el caso, al término de una misa este domingo en Bogotá con los familiares de los cinco rehenes.

"Veo que este proceso está creando condiciones y voluntad de paz, me parece que el presidente Juan Manuel Santos está abierto a avanzar", añadió.

Córdoba fue destituida de su cargo de senadora por el Congreso en noviembre, luego de que fuera sancionada por la Procuraduría, que consideró que tenía nexos con Farc.

La agencia Anncol, que suele difundir información del grupo subversivo, pidió el domingo a Santos "aprovechar" la coyuntura de la liberación para emprender "un diálogo que permita una solución política al conflicto". El pedido ocurre dos días después de que el mandatario reiterara su oferta a Farc de buscar una salida negociada a la guerra de medio siglo en Colombia.

Santos anunció "todas las garantías logísticas y de seguridad" para la operación, cuyos detalles debatió la semana pasada en Bogotá con el canciller brasileño, Antonio Patriota, dado que Brasil actúa como facilitador.

Córdoba y dos dirigentes humanitarios irán a la localidad fronteriza brasileña de Sao Gabriel da Cachoeira "desde donde regresarán a Colombia con los tripulantes y dos helicópteros brasileños acondicionados para la ocasión", que "recogerán a las cinco personas en distintos puntos de la selva", dijo un integrante del colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz.

El primero de los cinco rehenes deberá ser liberado el miércoles, según prevén Córdoba y la Cruz Roja (CICR). La operación deberá concluir a más tardar el 13 de febrero, según las partes implicadas.

La guerrilla Farc anunció el 8 de diciembre que dejará en libertad al mayor de policía Guillermo Solórzano, al cabo del ejército Salín Sanmiguel, al infante de marina Henry López y a los concejales Marcos Vaquero y Armando Acuña, secuestrados entre 2007 y 2010.

Córdoba y la tripulación brasileña tienen previsto llegar en los helicópteros este martes a Villavicencio (95 km al sur de Bogotá). Allí pernoctarán hasta el miércoles, cuando la ex senadora saldrá con miembros del CICR a recoger a Vaquero en la selva.

En una segunda fase, prevista para el próximo viernes, serán recibidos Acuña y López. Para ello, los helicópteros partirán y regresarán a Florencia (700 km al sur de Bogotá).

En la última fase del operativo humanitario -que se realizará desde el aeropuerto Perales de Ibagué (200 km al oeste de Bogotá)- deberán recuperar la libertad Solórzano y Sanmiguel.

Los uniformados integran un grupo de 19 policías y militares que Farc tiene en su poder secuestrados -algunos desde hace 13 años-, y que pretende canjear por cientos de rebeldes presos. Los dos concejales son los únicos políticos que el grupo admite tener entre sus rehenes.

90 familias de Bolívar recuperaron sus tierras

90 familias campesinas recibieron hoy los predios que tuvieron que abandonar hace once años, cuando los paramilitares los reunieron en la plaza principal de Mapuján, en Bolívar, para decirles que tenía 24 horas para abandonar sus cultivos.

Hablando Joven celebra la restitución de las tierras a estos campesinos, y pide a las autoridades protección y seguridad para estás; ya que aún temen por represarias por parte de los victimarios.

Banda Sonora Hablando Joven

La plata que financió a los paramilitares en Meta y Vichada

http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=2996

Comienza la etapa final, para la liberación de cinco secuestrados.

“Las liberaciones se darán entre los próximos 9 y 13 de febrero” Christophe Beney, delegado en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

"Estamos hablando de una cuenta regresiva que empieza a partir de hoy (martes), que si no hay mayor problema no debería tener más demoras", dijo Beney a RCN radio, al puntualizar que la primera liberación se dará el miércoles 9 de febrero.

Las coordenadas entregadas por la guerrilla de las Farc, ya están en poder del Presidente Santos, quien a través de un comunicado de prensa expresó que las garantías para las liberaciones están dadas.

La exsenadora  Piedad Córdoba viajará a Brasil esta semana para ultimar detalles de las liberaciones.