Por: El Espectador
“lévele dos tintos a Olga y tres tintos a Lucho”, dijo antes de colgar una voz femenina que llamó el miércoles al domicilio de una de las integrantes de Humanidad Vigente, la ONG que ha representado a las víctimas en el caso de la violación de dos niñas de 13 y 14 años, y el homicidio de una de ellas junto a sus hermanos de 9 y 6 años en Tame (Arauca), en el que está vinculado un subteniente del Ejército.
Para Olga Silva, la abogada que representa a las víctimas del proceso de los niños de Tame y que forma parte de Humanidad Vigente, la llamada fue una clara amenaza para ella y para el representante legal de la ONG, Luis Alfonso Ruiz. Esa fue la denuncia que radicaron el miércoles en el despacho de la fiscal general, Viviane Morales.
Horas antes de esa llamada, en el municipio de Saravena, en Arauca, había sido asesinada, de cinco balazos en la cabeza, por un sicario Gloria Constanza Gaona Rangel, reportaron las autoridades. Gaona, de 35 años, era jueza penal del circuito de Saravena hace tres años y tenía en su competencia 66 procesos relacionados con los delitos de rebelión y homicidio, entre los cuales estaba el del asesinato de los niños de Tame, perpetuado presuntamente por el subteniente Raúl Muñoz.
El homicidio de la jueza, que ha causado repudio y rechazo en los altos funcionarios del Gobierno, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, las diferentes organizaciones no gubernamentales, las altas cortes y la sociedad civil, se suma a una lista de obstáculos que desde el principio ha tenido el caso de los niños de Tame.
El proceso llegó al despacho de la jueza Gaona a comienzos de diciembre de 2010 y fue ella quien fijó para el 14 diciembre de 2010 la audiencia de formulación de cargos en contra del subteniente Muñoz. La Fiscalía reveló en la diligencia las pruebas periciales de Medicina Legal y las entrevistas que inculpaban a Muñoz en la violación y el homicidio de los niños. La jueza permitió el descubrimiento de pruebas y fijó una nueva fecha para que empezara el juicio del militar involucrado: el 22 de febrero. Ese día, la diligencia tuvo que ser suspendida porque el Inpec no trasladó al subteniente Muñoz de la cárcel La Picota de Bogotá al municipio de Saravena (Arauca), en donde era la audiencia, a pesar de que la jueza Gaona había avisado y enviado las comunicaciones pertinentes a la institución carcelaria.
Se reanudó, pero en el curso de la diligencia, en la que se suponía que la defensa del militar iba a descubrir las pruebas de su inocencia, la abogada de Muñoz, Paola Pinzón, de la Defensoría Militar (Demil), de manera intempestiva, renunció al caso de su apoderado. Razón por la cual se suspendió nuevamente.
Fue entonces cuando la jueza Gloria Constanza Gaona, en los términos de ley, hizo un fuerte llamado de atención a la defensa y calificó su actitud como “temeraria, desleal e irrespetuosa”, tanto con su apoderado como con las víctimas, el aparato de justicia y la sociedad en general, que ha mostrado alto interés en este caso al que llamó de “trascendencia nacional e internacional”. Luego notificó la nueva fecha: 31 de marzo. Fecha que también será suspendida, porque tras el asesinato de Gaona un nuevo juez tendrá que recibir y conocer el caso.
El hecho trágico ha demostrado, según la representante de las víctimas, Olga Silva, que no estaban equivocados cuando el 18 de noviembre de 2010 solicitaron a la Fiscalía que trasladara el proceso judicial a Bogotá por falta de garantías y por repetidas denuncias de la comunidad de intimidaciones y amenazas.
Sin embargo, el 7 de diciembre esa solicitud fue negada por el fiscal 51 de Derechos Humanos, quien respondió que no existía ninguna causal de las referidas para que se radicara en Bogotá el caso.
Veinte días después del asesinato de los tres niños, en octubre del año pasado, la comunidad denunció que estaban siendo filmados sin ninguna orden judicial por personal de civil que al parecer tenía relación con la Brigada Móvil Nº 5 del Ejército, la misma brigada a la que estaba adscrito Muñoz.
Asimismo, en las diligencias, fechadas para el 22 y 23 de febrero, Gaona tuvo conocimiento de otras denuncias que hizo la comunidad de Tame sobre posibles interrogatorios ilegales que se estaban llevando a cabo a nombre de la Defensoría del Pueblo. Situación que está siendo investigada por parte de las autoridades.
Este miércoles el Gobierno, en cabeza del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, seguía consultando la posibilidad de trasladar el proceso de los niños de Tame a Bogotá. Lo cierto es que el asesinato de la jueza, a plena luz del día y a menos de tres cuadras de una estación de Policía del municipio de Saravena, es un antecedente que ameritaría tomar esta decisión, por razones de seguridad y garantías de justicia.
