El de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) es el tercer informe internacional presentado por estos días y que menciona al país. En todos hay una coincidencia muy clara: la situación de derechos humanos sigue siendo muy grave en Colombia.
El gobierno de Juan Manuel Santos intenta mostrar al mundo que Colombia es una economía emergente y que los problemas de derechos humanos son apenas un remanente del pasado. Mientras tanto, el 14 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe 2010, en el cual reconoce que Colombia no ha superado la crisis humanitaria e incluye al país en la lista del Capítulo IV, que contiene secciones especiales sobre la situación de derechos humanos en países que para la CIDH merecen especial atención. En ese capítulo, titulado lacónicamente como “Desarrollo de los Derechos Humanos en la región”, también aparecen Cuba, Venezuela y Honduras. Pese al lobby del gobierno de Bogotá para sacar al Estado colombiano del Capítulo IV, la CIDH decidió mantenerlo en esta categoría crítica. Las razones se pueden examinar en detalle en la sección sobre Colombia, donde se presentan las conclusiones y las recomendaciones de la CIDH al Estado colombiano.
La Comisión argumenta, básicamente, que el país mantiene una situación grave de derechos humanos. Que la desmovilización de los paramilitares enfrenta dos grandes problemas: el primero, una alta dosis de impunidad y una ausencia de resultados y de una política efectiva de reparación de las víctimas en el marco del proceso denominado de Justicia y Paz; y en segundo lugar, que se mantienen remanentes muy fuertes de los paramilitares -lo que el gobierno llama “bandas criminales” y la CIDH considera “grupos armados al margen de la ley”-, los cuales siguen golpeando a las comunidades y asesinando a líderes. La Comisión dice que el Estado no ha sido capaz ni de reducir estas bandas, ni de reparar a las víctimas, en el marco de ese proceso tan publicitado por el entonces presidente Álvaro Uribe.
Del mismo modo, la Comisión señala el escándalo del DAS y el espionaje ilegal contra muchas personas, dirigentes sociales, políticos e integrantes de las propias Cortes. Durante las audiencias de Marzo de 2011, celebradas en la ciudad de Washington, la CIDH preguntó sobre el estado de las investigaciones en torno a las interceptaciones ilegales e, incluso, indagó directamente por la interceptación ilegal de las comunicaciones de que fueron víctimas los propios comisionados de la CIDH en la delegación que visitó al país en 2005, presidida por la Comisionada Susana Villarán. El gobierno se limitó a responder que estos casos se hallan bajo el conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación y no dio ninguna explicación sobre las razones del presidente Santos para mantener en el cargo al actual director del DAS Felipe Muñoz, pese a que también se encuentra vinculado a estas indagaciones.
El Informe también hace referencia a las ejecuciones extrajudiciales, la persecución de defensores de derechos humanos y la continuidad del desplazamiento forzado, entre otros temas críticos.
Básicamente, la función de la CIDH consiste en examinar el cumplimiento de los compromisos de los Estados que suscriben la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El reciente informe hace el balance de los hechos de 2010, no de las intenciones del nuevo gobierno. En el futuro, es previsible que la Comisión examine los cambios que ha introducido la administración del presidente Juan Manuel Santos en materia de derechos humanos, tales como la ley de víctimas y de tierras, o la nueva política liderada por el vicepresidente Angelino Garzón. Pero, en cualquier caso, el examen de la situación de derechos humanos se debe centrar en la valoración de los resultados de estas nuevas iniciativas para proteger efectivamente los derechos humanos y en la voluntad política del Estado para enfrentar una situación estructural de impunidad que hoy vive Colombia.
Este es el tercer informe internacional presentado por estos días y que menciona al país. En todos hay una coincidencia muy clara: la situación de derechos humanos sigue siendo muy grave en Colombia. A partir de su mandato de observación directa, el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta un panorama bastante crítico de derechos humanos. A su vez, el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, de corte más político, destaca los avances del nuevo gobierno, sus intenciones y las políticas que ha propuesto. Pero, también dice que se mantienen elevados niveles de desplazamiento, de impunidad y que persiste una problemática grave en diferentes ámbitos de observancia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Precisamente por esta valoración, la CIDH acaba de crear la Relatoría Especial para defensores y defensoras de derechos humanos, decisión que tiene un significado muy concreto. La Comisión ve que en la región la situación de quienes defienden los derechos humanos es crítica, y que lo es mucho más en los países que figuran en el Capítulo IV de su informe.
No vamos a resolver la crisis humanitaria colombiana negando la realidad. Por el contrario, hay que reconocerla. En la medida en que el Estado avance en la superación de los problemas, los defensores de derechos humanos seremos los primeros en reconocer ese hecho fundamental. Pero seguiremos denunciando los alarmantes niveles de impunidad y la continuidad de las agresiones contra la población civil en el marco del conflicto colombiano.
