Imagen del Día: Aprovada la Ley de Víctimas.

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ONU: 57.200 son los desaparecidos en Colombia en las tres últimas décadas

Por Agencia EFE

Según la Organización de Naciones Unidas, "la Fiscalía General de la Nación conocería, hasta la fecha, probablemente más de 26.500 casos de presuntas desapariciones forzadas".

En Colombia se han registrado más de 57.200 desaparecidos en las tres últimas décadas, de ellos 15.600 considerados víctimas de desaparición forzada, reveló este lunes el representante en este país del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Christian Salazar.

Durante un seminario sobre desaparición forzada celebrado en Bogotá, Salazar aclaró que estos datos están tomados de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Según el funcionario de la ONU, "la Fiscalía General de la Nación conocería, hasta la fecha, probablemente más de 26.500 casos de presuntas desapariciones forzadas".

Y en referencia a las más de 16.600 desapariciones forzadas, explicó que éstas fueron supuestamente "cometidas por agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboraban con ellos".

Entre estas víctimas, añadió, "hay más de 3.000 mujeres y más de 3.000 personas menores de 20 años".

Para Salazar, la desaparición forzada "es una de las violaciones de los derechos humanos más grave", y Colombia, subrayó, "es uno de los países en América Latina y en el mundo con más desaparecidos".

Según el representante de la ONU, "décadas de conflicto armado interno y de persecución estatal" han dejado "miles y miles de desaparecidos y con ello un sufrimiento prolongado de sus familias".

Y agregó que si cada familia de un desaparecido está compuesta de un promedio de cuatro personas, "se puede estimar que en Colombia hay más de 100.000 víctimas de la desaparición forzada".

El funcionario de la ONU recordó que Colombia adoptó la figura penal de la desaparición forzada en 2000 y ratificó el Estatuto de Roma, por el que se creó la Corte Penal Internacional (CPI), en 2002 con aplicación integral desde noviembre de 2009.

Asimismo, Colombia ratificó la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada en 2005 y el legislativo estudia actualmente la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

"Podemos constatar que los operadores judiciales en Colombia cuentan con un marco normativo que les permite cumplir con la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada", indicó Salazar.

Pero, anotó, pese a ello "la lucha contra la impunidad no ha tenido un progreso similar", al advertir de que "hay obligaciones pendientes de cumplir por parte del Ejecutivo, y en especial, por parte de la fuerza pública".

"Por décadas, miembros de la fuerza pública supuestamente cometieron graves violaciones a gran escala, incluyendo ejecuciones extrajudiciales que en muchos casos estaban asociadas con desapariciones forzadas", concluyó Salazar.
 

"El conflicto sumió a los indígenas en la crisis humanitaria", Codhes

En un último informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) presentado el 17 de Mayo, al cual fue invitado Hablando Joven. La ONG deja ver que el conflicto armado colombiano se traslado en los en la últimos años hacia las apartadas regiones del sureste del país, los grupos armados han victimizado  a los pueblos indígenas, que los ha llevado a una grave crisis humanitaria.

La "extensión" del conflicto "hacia los territorios selváticos más profundos donde habita la mayor parte de las comunidades indígenas ha tenido como consecuencia una fuerte crisis humanitaria, la cual es además invisible", asegura Codhes en su informe.

 "Territorios en confrontación. Impacto del conflicto armado sobre la población civil en la Orinoquía y Amazonía colombiana"  es el informe presentado por la OGN,  en donde muestra  la grave situación humanitaria  que viven los más  66 pueblos indígenas que habitan 206 resguardos en los departamentos de Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada.

En los Departamentos de Orinoquía y la Amazonía, es donde se viven la mayor diversidad étnica de Colombia "con más del 50 por ciento de los pueblos indígenas reconocidos en Colombia", asegura Codhes.

En estos territorios es donde hacen más presencia actores armados golpeando fuertemente a estos pueblos (los grupos paramilitares  aún "ejercen control en amplias zonas" y las FARC controla y mantiene "retaguardia estratégica de movilidad y para el tráfico de estupefacientes".

Esto ha provocado que la Fuerza Pública “halla fortalecido su presencia y accionar en la zona en los últimos cinco años", menciona Codhes, e incluso a trasladado bases militares a los territorios de estas comunidades, que ha aumentado el riesgo y la vulnerabilidad humanitaria de estos pueblos, en el marco del Conflicto.

Los peligros principales han sido la siembra de Minas anti personas en sus resguardos, y los permanentes combates y bombardeos que se realizan por parte de las fuerzas armadas y los grupos al margen de la Ley.

De igual manera los lideres y pobladores indígenas se encuentran expuestos a amenazas de por parte de los Grupos Paramilitares y la Guerrilla de las FARC, ya que son acusados de pertenecer o ayudar a un determinado bando, así como al reclutamiento forzado de sus menores y a la "ocupación" de sus viviendas, escuelas y edificios comunitarios, especialmente por miembros de la Fuerza Pública, según el informe.

El desplazamiento forzado, en estas zonas del país ha dejado a más de 13.500 indígenas "expulsados de sus territorios ancestrales" como consecuencia del conflicto entre 2000 y 2010, según datos recogidos por Codhes del Sistema de Información de Población Desplazada (Sipod) de la Agencia Presidencial para la Acción Social.

"Si bien el desconocimiento del principio de distinción entre combatientes y civiles ha sido una constante en el conflicto armado", en muchas zonas del sureste del país "se hace más evidente el desconocimiento de esta norma clave del Derecho Internacional Humanitario", concluye el informe.
 

Pronunciamiento de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos sobre el reconocimientodel conflicto armado interno en Colombia

Bogotá, D.C. 10 de mayo de 2011

“El reconocimiento del conflicto armado interno por parte del Presidente Santos nos

parece positivo y acertado. Al reconocer la situación fáctica de que en Colombia

existe un conflicto armado interno, el gobierno colombiano facilita la interlocución

con la comunidad internacional sobre este tema y reivindica las víctimas del

conflicto", expresó Christian Salazar Volkmann, Representante en Colombia de la

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Internacionalmente, este reconocimiento facilita un diálogo franco y constructivo.

Permite utilizar términos comunes para referirse a la situación del país y contribuye

a la aplicación efectiva de la protección internacional, como los mecanismos

adoptados en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre protección

de la niñez y la mujer en conflictos armados.

En el plano nacional, este reconocimiento refuerza la necesidad de situar en el

centro de las consideraciones del Estado la satisfacción de los derechos de las

víctimas, así como de sus necesidades humanitarias, facilitando la adopción de un

marco adecuado de protección.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos resalta que la existencia de un conflicto armado interno es una

situación fáctica que no depende de reconocimientos políticos. Como se deriva de

las Convenciones de Ginebra sobre conflictos armados y sus Protocolos adicionales,

los conflictos armados internos son enfrentamientos armados prolongados que

ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y fuerzas de uno o más grupos

armados con un nivel mínimo de intensidad y cuyas partes poseen una mínima

organización.

La negación o el reconocimiento del conflicto armado por parte de diversos

gobiernos colombianos no ha cambiado la naturaleza de la situación y la

persistencia del conflicto en Colombia. El reconocimiento del conflicto armado

interno por parte del Presidente Santos no otorga ninguna legitimidad moral o

política a los grupos armados ilegales. Tampoco cambia la exigencia de que

aquellos que participan directamente en las hostilidades respeten el derecho

internacional humanitario, cuyo objeto principal es la protección de la población

civil.

El mandato de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Derechos Humanos desde hace 13 años parte de la existencia de un

conflicto armado interno. En este contexto llevamos a cabo una observación

sistemática y analítica de violaciones a los derechos humanos e infracciones al

derecho internacional humanitario; ofrecemos una asesoría y cooperación para

contribuir a superarlas, fortaleciendo la prevención y la sanción cuando ocurran; y

contribuimos a un mayor conocimiento y apropiación de los derechos humanos a

través de nuestra comunicación pública.

Imagen del Día: Víctimas

Hablando Joven rechaza y Repudia la Masacre de una Familia en el Cauca por parte de las Farc.

Hablando Joven condena y repudia las masacres cometidas en el Departamento de Cauca, por las FARC. Y se solidariza con las familias de las víctimas, solicitando a las autoridades la protección de las mismas y la investigación exhaustiva para dar con los autores materiales e intelectuales de tan atroz crimen.

En la región del Bajo Naya, ubicada entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca el pasado sábado las víctimas, que eran miembros del consejo comunitario, "fueron llevadas por milicianos del frente 30 de las FARC a las afueras de la comunidad”. Las 5 personas asesinadas eran miembros de una misma familia.

Éstas son las últimas víctimas del conflicto armado que vive Colombia.

En esta región del país, se producen sistemáticas "violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario" por parte de las Fuerzas Armadas, sobre todo desde la instalación de un campamento militar "en predios colectivos y sin consentimiento de sus habitantes". Que ha agudizado la violencia y los ataques de los grupos guerrilleros, en la que se ha visto afectada la población civil.

"La Economía de los Paramilitares": El Desangre y Robo Millonario de la Salud por la "Parapolitica"

 La Corporación Nuevo Arco Iris CNAI, en el marco de la presente Feria del Libro de Bogotá presento su libro, "La Economía de los Paramilitares". Que deja al descubierto cómo estos grupos Paramilitares y su poder político conocido como la Parapolítica con ayuda de varios funcionarios públicos desangraron millonarios recursos de la salud. El robo de estos recursos provoco la quiebra de varias entidades estatales prestadoras de salud en el país.

Cinep denuncia el aumento de ‘falsos positivos’ en 2010

Por EFE

Según Según Cinep, se presento un incremento de 58,3% entre 2009 y el año pasado en los casos y de 69,5% en las víctimas.

Colombia registró un incremento "preocupante" de ejecuciones extrajudiciales en 2010, con 12 casos y 23 víctimas frente a los 7 casos y 16 víctimas del año anterior, según un informe del no gubernamental Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) conocido el sábado.

Este tipo de violaciones a los derechos humanos "continúan presentándose en el país por más que la magnitud de casos no sea tan significativa como lo fue en los años más críticos de los 'falsos positivos' (2006-2008)", sostiene el Cinep.

El incremento entre 2009 y el año pasado fue del 58,3 % en el número de casos y de 69,5 % en el de víctimas, precisa el informe titulado "Falsos positivos 2010: Clamor por la verdad y la justicia".

Además, de acuerdo con el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, el acumulado de ejecuciones entre 2001 y 2010 asciende a 562 casos y 887 víctimas.

Ese organismo del Cinep ha identificado "nuevas modalidades" en las ejecuciones extrajudiciales: en algunos casos los responsables "ya no presentan a las víctimas como miembros de grupos guerrilleros, sino como personas asociadas a la delincuencia común", y en otros se atribuyen a "errores de operación por parte de la Fuerza Pública".

"El panorama de las investigaciones judiciales es preocupante por los tiempos en los que se han ido desarrollando, el estado actual de los procesos y los pocos resultados que han ido arrojando", advierte el Cinep.

A esto "se suma el retroceso significativo en 2010 de la colaboración de la justicia penal militar con la ordinaria", así como "la existencia de casos de militares condenados por graves infracciones al DIH (Derecho Internacional Humanitario) que aún continúan en servicio".

El escándalo de los "falsos positivos" salió a la luz en Colombia en 2008 a raíz del llamado "caso Soacha", que investiga la desaparición y posterior asesinato de unos 20 jóvenes de esa localidad aledaña a Bogotá que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

El "caso Soacha" se produjo cuando era ministro de Defensa el ahora presidente Juan Manuel Santos y, pese a que entonces se tomaron medidas para evitar las ejecuciones extrajudiciales y castigar a sus responsables, "el control de estos abusos no parece haber sido total", concluye el Cinep.

La Imagen del Día. Justicia de Ultratumba