Francisco Pineda y Everto González, miembros del consejo comunitario de Caracolí, en el Magdalena Medio, han sido objeto de desaparición forzada a manos de paramilitares. Hablando Joven se solidariza con sus familias y teme que sus vidas y las de otros miembros de la comunidad afrodescendiente puedan correr peligro.
Hablando Joven solicita atención inmediata a las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes y dar con el paradero de los secueestradores y sus víctimas.
viernes, 26 de agosto de 2011
sábado, 20 de agosto de 2011
Corte IDH y Consejo de Estado coordinarán esfuerzos por Derechos Humanos
Por: Agencia EFE
Suscribirán un convenio para coordinar esfuerzos en el mejoramiento de la administración de justicia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Estado de Colombia, máxima instancia jurídico-administrativa del país, suscribirán la semana próxima en Bogotá un convenio para coordinar esfuerzos en el mejoramiento de la administración de justicia, informaron hoy fuentes judiciales.
Varios integrantes de la Corte IDH, encabezados por su presidente el peruano Diego García-Sayán, visitarán oficialmente al Consejo de Estado colombiano, antes de iniciar su 92 período ordinario de sesiones en Bogotá.
Se trata de la segunda ocasión en que el organismo celebra un periodo de sesiones en la capital colombiana desde 2007.
En el convenio a suscribir, los dos organismos se comprometen a "coordinar esfuerzos para fortalecer sus relaciones, profundizar el conocimiento del derecho y difundir los instrumentos internacionales para la promoción y defensa de los derechos humanos", según las fuentes.
La CorteIDH celebrará en Colombia su periodo de sesiones para analizar dos polémicos casos contra Chile y Argentina y la situación de cárceles en Brasil.
El primer caso a revisar es el de la jueza chilena Karen Atala, a quien la Corte Suprema de su país retiró la custodia de sus hijas por ser lesbiana.
También una condena civil impuesta al director y editor de la Revista Noticias de Argentina, por dos artículos sobre un hijo no reconocido del expresidente Carlos Menem con una diputada nacional, en lo que la CorteIDH consideró un caso contra la libertad de expresión.
Igualmente estudiará el cumplimiento de las medidas provisionales en dos centros penitenciarios en Brasil para garantizar el respeto de los derechos de los reclusos.
La misión de la corte incluye a jueces de Costa Rica, Chile, Jamaica, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Además de García-Sayán, se encontrará en Bogotá igualmente el secretario general de ese tribunal, Pablo Saavedra Alessandri.
También los magistrados Manuel Ventura (Costa Rica), Eduardo Vio Grossi (Chile), Margarette May Macaulay (Jamaica), Rhadys Abreu (República Dominicana), y Alberto Pérez (Uruguay).
Suscribirán un convenio para coordinar esfuerzos en el mejoramiento de la administración de justicia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Estado de Colombia, máxima instancia jurídico-administrativa del país, suscribirán la semana próxima en Bogotá un convenio para coordinar esfuerzos en el mejoramiento de la administración de justicia, informaron hoy fuentes judiciales.
Varios integrantes de la Corte IDH, encabezados por su presidente el peruano Diego García-Sayán, visitarán oficialmente al Consejo de Estado colombiano, antes de iniciar su 92 período ordinario de sesiones en Bogotá.
Se trata de la segunda ocasión en que el organismo celebra un periodo de sesiones en la capital colombiana desde 2007.
En el convenio a suscribir, los dos organismos se comprometen a "coordinar esfuerzos para fortalecer sus relaciones, profundizar el conocimiento del derecho y difundir los instrumentos internacionales para la promoción y defensa de los derechos humanos", según las fuentes.
La CorteIDH celebrará en Colombia su periodo de sesiones para analizar dos polémicos casos contra Chile y Argentina y la situación de cárceles en Brasil.
El primer caso a revisar es el de la jueza chilena Karen Atala, a quien la Corte Suprema de su país retiró la custodia de sus hijas por ser lesbiana.
También una condena civil impuesta al director y editor de la Revista Noticias de Argentina, por dos artículos sobre un hijo no reconocido del expresidente Carlos Menem con una diputada nacional, en lo que la CorteIDH consideró un caso contra la libertad de expresión.
Igualmente estudiará el cumplimiento de las medidas provisionales en dos centros penitenciarios en Brasil para garantizar el respeto de los derechos de los reclusos.
La misión de la corte incluye a jueces de Costa Rica, Chile, Jamaica, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Además de García-Sayán, se encontrará en Bogotá igualmente el secretario general de ese tribunal, Pablo Saavedra Alessandri.
También los magistrados Manuel Ventura (Costa Rica), Eduardo Vio Grossi (Chile), Margarette May Macaulay (Jamaica), Rhadys Abreu (República Dominicana), y Alberto Pérez (Uruguay).
viernes, 12 de agosto de 2011
Jaime Garzón, 12 Años de Impunidad
12 Años se cumplen del asesinato del Humorista Jaime Garzón, el personaje que mostraba la realidad política y social a través del Humor. Este gran hombre fue atacado el viernes 13 de agosto de 1999, a las 5:45 de la mañana, en el barrio Quinta Paredes de Bogotá, por sicarios que se transportaban en una moto de alto cilindraje. Al día siguiente de su asesinato, más de 200.000 personas se congregaron frente al Capitolio Nacional para repudiar y rechazar el crimen del periodista y humorista político de 39 años.
A los 12 años de su asesinato, aún existe un panorama de Impunidad. En esta semana Su familia entabló una demanda contra el Estado, por los nulos avances de las investigaciones que lleven al esclarecimiento de su muerte, esta demanda fue interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La petición ante el organismo internacional de Derechos Humanos tiene como argumentos, la ausencia de justicia, verdad y celeridad que ha tenido el caso Garzón.
Las pocos avances de este investigación llevó al DAS en al año 1999 a indicar y acusar a sujetos conocidos como Juan Pablo Ortiz, alias Bochas, y Edilberto Sierra, alias Toño, que hacían parte de una banda delictiva de Medellín, atribuyéndoles la autoría material del crimen, y por lo tanto la Fiscalía Ordeno cerrar el caso. Pero al cerrar el caso limito la posibilidad de investigar responsabilidades de Militares en la orden de asesinato al humorista.
En el año 2000 se conoció un comunicado de los Criminales conocidos como la Terraza, que operaban en la Ciudad de Medellín, como los actores materiales del hecho, e involucrando como autor intelectual al hoy general retirado Jorge Enrique Mora Rangel, a Carlos Castaño, líder de los Paramilitares. En el 2002 la fiscalía promovió cargos contra Carlos Castaño, como autor intelectual del homicidio y a alias Bochas y alias Toño como los sicarios que perpetraron el asesinato.
El expediente de este asesinato, estuvo durante varios años de juzgado en juzgado, luego paso a la Corte Suprema, en donde hasta el año 2004 , se condenó a 38 años de prisión a Carlos Castaño, quien no pagó un día de cárcel por este hecho porque aparentemente falleció un mes después. A la vez que se absolvió a los dos sujetos inocentes que estuvieron detenidos por el “burdo montaje”, en palabras del juez, que se planeó “para desviar la investigación y procurar la impunidad de los verdaderos autores materiales”. También se ordenó la investigación de los funcionarios y personas que desviaron la investigación, pero hasta la fecha la Fiscalía no ha adelantado ninguna indagación.
Hasta el año 2007 cuando los Jefes paramilitares se encontraban declarando ante Justicia Y paz, reavivaron el atroz crimen. En donde dieron detalles de la planeación y del modus operandi para dar de baja a Jaime Garzón. Entre los Jefes paramilitares ante Justicia y Paz, Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, quien declaró ante fiscales de Justicia y Paz que el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez, hoy procesado también por paramilitarismo y el escándalo de las ‘chuzadas’, instigó a Castaño para que enviara a sus sicarios a matar a Garzón. Por estas declaraciones y acusaciones la Fiscalía reabrió el caso de Garzón, realizando una investigación contra el Narváez.
Sólo hasta el mes de junio de 2011, la fiscalía ordeno la detención de Narváez, como determinador del homicidio de Jaime Garzón, pero aún falta mucho más por esclarecer en este caso, ya que existen aún varias acusaciones contra ex militares y miembros activos de la fuerza pública por este hecho.
Pero lo único que se puede afirmar es que el asesinato de Jaime Garzón, sólo ha logrado una condena a 11 años de su muerte, por autoría intelectual, dejando un sin sabor de impunidad y de falta de la verdad.
Jaime Garzón aún vive en el corazón y en la mente de muchos colombianos que recuerdan sus singulares formas de mostrar la realidad política y social de nuestro país, un personaje que nadie igualará.
jueves, 11 de agosto de 2011
Organizaciones Campesinas tienen encuentro para Hablar de Paz.
En la ciudad de Barrancabermeja tendrá encuentro el evento el dialogo es la ruta, en donde se darán cita organizaciones campesinas y ong´s que a analizaran los retos para alcanzar la paz en el Magdalena Medio. A este asistirán varios líderes civiles y sociales en los que se encuentran: el juez asesor de la OEA Baltasar Garzón, el padre Francisco de Roux; el consejero de minorías étnicas de la Vicepresidencia, Gabriel Muyui; la agrupación Aterciopelados, la actriz Patricia Ariza, entre otros.
Este encuentro tiene como uno de sus objetivos mostrar y socializar las propuestas de las propias comunidades afectadas por el conflicto armado interno y consensuarlas con el gobierno. Para lograr la construcción de proyectos que mitiguen y alejen la violencia de la región.
El Magdalena Medio ha sido una de las zonas del país más afectadas por causa del conflicto de los 750.000 habitantes, más 100.000 han sido expulsados a otros lugares del país. Y se estima con en las tres ultimas décadas le han despojado a la población los grupos armados ilegales cerca de 866.535 hectáreas, según estadísticas de la ONG Codhes.
También se desarrollaran mesas de trabajo, para analizar, discutir y proponer mecanismos para la implementación de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, la implementación de una política de Paz, el desarrollo de Leyes para la protección de los recursos naturales y el desarrollo de políticas para el Cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.
El Magdalena Medio ha sido una de las zonas del país más afectadas por causa del conflicto de los 750.000 habitantes, más 100.000 han sido expulsados a otros lugares del país. Y se estima con en las tres ultimas décadas le han despojado a la población los grupos armados ilegales cerca de 866.535 hectáreas, según estadísticas de la ONG Codhes.
También se desarrollaran mesas de trabajo, para analizar, discutir y proponer mecanismos para la implementación de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, la implementación de una política de Paz, el desarrollo de Leyes para la protección de los recursos naturales y el desarrollo de políticas para el Cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.
De este evento saldrán conclusiones y acciones importantes para la reparación y restitución de los Derechos Fundamentales a las Victimas del Conflicto en esta región del país.
viernes, 5 de agosto de 2011
Defensores de Derechos Humanos de la Comunidad PCN, Amenazados
Se cree que José Santos Caicedo y Armando Caracas Carabalí, dirigentes del Proceso De Comunidades Negras (PCN), y Aníbal Vega, representante legal del consejo comunitario de La Toma, municipio de Suárez, en Colombia, corren peligro tras recibir amenazas de muerte.
El 15 de julio, José Santos Caicedo y Armando Caracas Carabalí, dirigentes del Proceso de Comunidades Negras (PCN), recibieron un mensaje de texto que decía: “ya sabes q [sic] todo tiene precio pero tu pago es con sangre”. Armando Caracas Carabalí también lleva recibiendo amenazas telefónicas desde el 7 de julio. PCN es una agrupación de organizaciones afrocolombianas de base que lucha por defender los derechos territoriales, culturales y humanos de las comunidades afrocolombianas.
Aníbal Vega, representante legal del consejo comunitario de La Toma, municipio de Suárez, departamento del Cauca, recibió el 15 de julio una llamada telefónica en la que le dijeron: “ustedes son los del Consejo Comunitario, los que se oponen a que las máquinas trabajen en el río Ovejas. Las piedras en el camino hay que quitarlas para que no estorben”.
Dos días antes de las amenazas, 60 dirigentes comunitarios del consejo de La Toma se reunieron con los propietarios de unas tierras en las que, desde junio, cuatro excavadoras buscaban oro, y planearon una reunión con los propietarios de las excavadoras. Las comunidades afrodescendiente del municipio de Suárez se oponen a la explotación de una mina industrial de oro por parte de intereses económicos ajenos a la zona, pues consideran que tendrá un impacto negativo en sus medios de sustento y su forma de vida.
Los miembros del consejo comunitario de La Toma y del PCN han hecho campaña contra la presencia de excavadoras en La Toma, y han bloqueado anteriormente la labor de dos excavadoras que llevaban en la zona desde mayo de 2011.
Hablando Joven se solidariza con esta comunidad y estos líderes amenazados; y solicita a las autoridades que tomen las medidas que los propios amenazados consideren adecuadas para garantizar la seguridad de José Santos Caicedo, Armando Caracas Carabalí, Aníbal Vega y otros miembros amenazados del PCN y de la comunidad de La Toma; ν pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte realizadas contra los miembros del consejo comunitario de La Toma y del PCN, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia; ν recordando a las autoridades que la acción para garantizar el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad afrodescendiente de La Toma es conforme con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (de 1989) y con la jurisprudencia colombiana; ν recordando a las autoridades colombianas que deben cumplir con su obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos, conforme establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.
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