Según un estudio, realizado por CODHES y la Universidad Nacional, dirigido por Luis Jorge Garay, entregado a la Corte Constitucional y en el que se encuestaron diez mil hogares colombianos para conocer si eran víctimas de despojo de tierras, el resultado fue de 6.6 millones de hectáreas de predios perdidos por despojo y abandono en los últimos 30 años. En el estudio no fueron contemplados los microfundios de menos de una hectárea ni los terrenos mayores a 100.
Con la cifra anterior, sumada a la información del gobierno de 700 mil hectáreas despojadas al Estado con extensiones mayores a 100 hectáreas y al reporte del proyecto de Protección de Tierras del Ministro de Agricultura, el gobierno contaría con 8 millones de hectáreas para los procesos de restitución.
El director de CODHES, Marco Romero, asegura que las denuncias surgidas por el proceso de restitución de tierras muestra la incapacidad estatal de proteger los derechos de propiedad de los campesinos.
Para CODHES, el mayor reto del gobierno Santos se centra en garantizar la seguridad de quienes reclaman tierras, cuyas solicitudes alcanzan casi 7.000 peticiones, y que, en caso de no darse, podría poner en peligro el proceso de restitución. Para Romero, los procesos judiciales deben adelantarse con transparencia y garantizando una igualdad entre el campesino que reclama y la persona que posee el predio en la actualidad.
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