En pasados días la Organización Armada que se autodenomina “Águilas Negras – Bloque Capital DC” dejo en los buzones de correspondencia de las instalaciones de la organización Casa de La Mujer, un panfleto amenazante (para los integrantes de varias organizaciones sociales que lideran procesos de restitución de tierras y ayuda en asesorías judiciales a víctimas del conflicto armado) en un sobre de manila.
“Sentencia a la pena de muerte a las perras guerrilleras de las Farc las cuales se oponen a las políticas de nuestro gobierno y que hacen lavado de cerebro a los desplazados haciéndose pasar por líderes defensores de derechos humanos y dejen de joder con el tema de reparación de tierras porque todo el que haga esta gestión va a ser asesinado por nosotros”, dice la amenaza.
En el mismo panfleto se da un plazo a las personas amenazas para abandonar el país en un período de 30 días.
Entre las organizaciones amenazadas defensoras de los derechos de las mujeres, de las víctimas del conflicto y de reclamantes de tierra figuran CODHES, ACNUR, Casa de la Mujer, Corporación Nuevo Arco Iris, Ruta Pacífica de las Mujeres, PNUD, AFRODES, MOVICE, Juntos por la Vida y Marcha Indígena.
Entre las mujeres amenazadas aparecen “María Eugenia Urrutia, Johanna Saenz, Angélica Bello, Rubí Castaño, Nini Johanna González, María Eugenia Cruz, Claudia Mejía, Pilar Rueda, Ana Jimena Bautista y Olga Amparo Osana”. También figuran Iván Cepeda, Gustavo Petro y Eusebio Mosquera.
Según Liliana Silva, abogada de la Casa de la Mujer, entre la lista de las mujeres amenazadas “hay al menos cinco mujeres que están protegidas con medidas cautelares reconocidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que previamente ya han sido víctimas de ataques y atentados contra su vida y su integridad”. El caso ya está en conocimiento de la Fiscalía General.
Hablando Joven se solidariza con estas organizaciones y sus integrantes y solicita al Estado Colombiano la protección integral, para salvaguardar las vidas de estas personas. Además solicitamos a los Organismos Internacionales trabajar por medidas cautelares más efectivas para que el gobierno nacional este obligado a prestar la seguridad a estas organizaciones nacionales defensoras de los derechos humanos.

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